Denuncian persecución contra exdirector nacional del INTA

En mi condición de Presidente de ese Directorio, me veo en la obligación de denunciar públicamente sobre la grosera arbitrariedad de esta decisión, no en el ejercicio de una defensa personal, sino para dejar constancia de un nuevo ejemplo de la utilización del Poder Judicial como arma para perseguir y desacreditar a funcionarios y representantes políticos que actuaron, y lo siguen haciendo, para enfrentar las devastadoras políticas neoliberales del gobierno macrista y sus continuadores. Los jueces que así proceden, son parte esencial de ese Poder Judicial corrupto que aún se mantiene intacto.

La causa penal en cuestión fue iniciada en el año 2017 y notificada en el 2019, casi 15 años después de iniciado el proceso licitatorio. Fue una causa armada por la mesa judicial del macrismo, recurriendo a una denuncia de quien había perdido la licitación, un desacreditado concesionario de la APN, un sumario dirigido al cual nunca fui notificado y a partir de un amañado, falso y sesgado informe de la Procuradoría Nacional de Investigaciones Administrativas, que fue tomado al pie de la letra y sin el menor sentido crítico por los fiscales y jueces de la causa.

La finalidad en origen de esta causa política estuvo centrada en mi condición de Director Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cargo ganado por concurso y que ejercí entre los años 2015/2019. Desde el mismo, junto con otros funcionarios y trabajadores, evitamos el despido de más de 1000 trabajadores del INTA que pretendía ejecutar el Ministerio de Modernización, las peleas por mayor presupuesto y las discusiones por el despido de trabajadores de Agricultura Familiar del entonces Ministerio de Agroindustria. En los cuatro años del gobierno de Macri, no se despidió a ningún trabajador del INTA.

Respecto a la causa en sí, tanto el proceso licitatorio de Puerto Pañuelo como la etapa de ejecución del contrato hasta mi desvinculación de la APN en agosto de 2019 (las obras se comenzaron en mayo de ese mismo año), se llevó a cabo con total transparencia y en estricta observancia de las normas legales que regulan la materia y el Pliego Licitatorio.

Los plazos para presentar documentación de las obras, inicio de las mismas y cuestiones conexas se fueron ajustando conforme a las vicisitudes que fueron surgiendo, y siembre dentro de lo permitido por el Pliego Licitatorio. Las demoras que se produjeron fueron por razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad o el accionar de las partes, como era que el lugar estaba ocupado por terceros a quienes se tuvo que desalojar judicialmente, y la existencia de construcciones de otras empresas y de una embarcación abandonada propiedad del denunciante perdedor de la licitación, con el consiguiente daño ambiental que ello producía.

Contrariamente a lo que sostiene el incalificable fallo, jamás hubo un accionar orientado a favorecer a la empresa. Todo lo contrario. Se les impuso plazos de inicio de obras más cortos y la construcción de una sala de embarque de mayor superficie a la prevista en el Pliego sin costos adicionales para el Estado. Las afirmaciones del fallo son claramente falsas, y lo que es más grave aún, ni siquiera se fundan en un análisis de las circunstancias de hecho y las pruebas y argumentos que fueron presentados en defesa de nuestro transparente accionar. Todo se pasó por alto. Pura discrecionalidad, inequidad e injusticia.

Los jueces de la causa se apartaron de su obligación fundamental de administrar justicia. Su móvil no fue otro que la persecución y la venganza política. La finalidad de esta comunicación pública, es la de sumar testimonios y esfuerzos para que fallos como este sean los últimos estertores y de un poder decadente y contrario a los fundamentos mismos de la República.