En el fallo de 979 carillas Ramos Padilla concluyó que "existía una directiva de carácter general" que ordenaba a los agentes de la AFI "realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo".
Además, para el magistrado hubo "órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar".
La decisión se tomó en la llamada causa "AMBA" e incluyó embargos de 20 millones de pesos para los dos exfuncionarios, quienes ya habían sido procesados por otros hechos de inteligencia ilegal el 5 de agosto último, en la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
En la misma resolución Ramos Padilla procesó a otros 9 exagentes de la AFI.
El juez consideró que todos los procesados son coautores de los delitos "en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias".
