Crece el descontento y los peruanos buscan salidas a su permanente crisis institucional

La idea de una nueva Constitución, o de reformas profundas a la actual, comenzó a aflorar en Perú como posible respuesta a la grave
crisis de representación, reflejada según encuestas que marcan una
opinión negativa del 76 por ciento para el Gobierno y del 82 por ciento
para el Legislativo.

La posibilidad del
cambio constitucional, al que se oponen la derecha, las élites
económicas y el poder mediático, estuvo en el discurso colateral en las
movilizaciones populares de la semana pasada, que fueron el momento más duro en nueve meses de gestión del presidente izquierdista Pedro Castillo.

“Qué
raro que solo en Lima pidan la vacancia (destitución presidencial). Acá
la mayoría no está a favor de la vacancia. Lo que queremos es que se
cambie la Constitución de 1993, porque ha hecho que los grandes
monopolios hagan y deshagan precios”, dijo en medio de la marcha un poblador de la ciudad de Ica, citado por el diario limeño La República.

El tema fue puesto sobre el tapete por el gobernador del departamento de Puno, Germán Alejo,
quien, en una reunión pública del Consejo de Ministros, en presencia de
Castillo, exigió retomar el tema, pues, argumentó, la dificultad del
momento exige grandes soluciones.

En ese marco, el politólogo Roger Santa Cruz consideró, en diálogo con Télam, que la posibilidad del cambio de Constitución está latente y “a la espera de encontrar su cauce político”, porque lo que está en juego no es solo la figura de Castillo, sino la estructura política en general.


El cambio de la Carta redactada “a imagen y semejanza” del entonces
presidente Alberto Fujimori, figuró siempre en la agenda de la izquierda
y el centroizquierda. El actual gobierno asumió la bandera pero la
abandonó en medio de la crisis que lo ha acompañado desde el comienzo.


Perú se movilizó la semana pasada para protestar contra el alza del
costo de la vida, que el discurso oficial atribuye exclusivamente al
conflicto ruso-ucraniano, pero que según la oposición se agravó por
falta de reacción gubernamental.

Seis
personas murieron en tres departamentos –dos de ella directamente en
choques con la Policía-, mientras que Lima estuvo paralizada el martes
varias horas por un sorpresivo toque de queda diurno que hizo crecer aún más las críticas al mandatario, muy resistido en la ciudad desde el comienzo.


Lo llamativo de las jornadas es que no estuvieron limitadas a Lima,
sino se extendieron por los Andes que el año pasado le dieron apoyo
masivo a Castillo. De hecho, los disturbios más graves
ocurrieron en el departamento de Junín, cuna y fortín del partido
oficialista Perú Libre y único en que ese colectivo marxista leninista
es gobierno regional.

Para Santa Cruz,
como para otros muchos analistas, el que Castillo saliera
comparativamente bien librado obedece a que el Congreso, que aparece
como rostro institucional de la oposición, es aún más resistido por la
opinión pública, lo que explica que los movimientos sociales no quieran
verse como un furgón de cola de la derecha radical.

Los
partidos Fuerza Popular (FP) Renovación Popular (RP) y Avanza País, de
“línea dura”, iniciaron desde el primer momento acciones para vacar a
Castillo y ya fracasaron dos veces en intentos formales. Eso, paradójicamente, parece haberse convertido en oxígeno para el Gobierno, a pesar de sus constantes “errores no forzados”.

Si Castillo saliera del poder vía destitución, tendría que ser reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, pero portavoces de FP, RP y Avanza País ya han dejado claro que no la aceptarían, por lo que la
jefatura del Estado pasaría a la presidenta del Congreso, Maricarmen
Alva, cuyas cifras de rechazo son similares a las del mandatario.


El clamor “que se vayan todos”, que sin rostros visibles exige
elecciones anticipadas para que el Ejecutivo y el Legislativo se vayan
pronto y no en 2026, también se ve obstaculizado porque requeriría
compromiso de los dos poderes.

Santa Cruz, de
las universidades Pedro Ruiz Gallo y Antonio Ruiz de Montoya, insiste
por tanto en que la crisis es institucional y las soluciones tendrían
que pasar por un proceso que incluya reformas constitucionales, aunque
de momento no esté claro cómo podría materializarse.

El desconcierto fue resumido por
la jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del
Pacífico, Alexandra Ames: “En Perú cualquier cosa puede suceder”. Pero
“mi pronóstico no es bueno, el presidente está en cuidados intensivos y
el descontento de la población va a aumentar”, complementó en el semanario Hildebrandt en sus Trece.

Tras los sucesos de la semana pasada, Castillo se declaró optimista: “Creo
y tengo fe en que el momento político en el que hemos estado envueltos
ha llegado a su fin y hay que demostrar que sí podemos trabajar con
transparencia”, dijo al iniciar una reunión pública del Consejo de Ministros en Huancayo, la capital de Junín.


Esa reunión y una similar celebrada después en Puno parecerían indicar
que el presidente busca reconciliarse con los Andes, en donde el apoyo a
su gestión se deterioran a pesar de las distancias de esos sectores con
Lima y con la derecha clásica.

De hecho, según pobladores de Junín, uno
de los hechos que más los indignó fue que Castillo dijera que las
protestas en esa región obedecían a que sus líderes –transportistas y
agricultores, fundamentalmente-, eran pagados por sus enemigos.


En concepto de Santa Cruz, lo que tendría que hacer Castillo es retomar
las banderas de cambio social que –además del desprestigio de su rival,
Keiko Fujimori- explican su triunfo electoral. El problema, advierte,
es que el presidente “no se deja ayudar”.


Castillo comenzó a enfrentar la carestía con medidas como la eliminación
temporal del Impuesto Selectivo al Consumo para los combustibles y del
Impuesto General a las Ventas para artículos de primera necesidad,
aunque en esto último hubo polémica porque desde el Congreso se quiso
incluir a los exclusivos lomo fino, faisán, ganso o gallina de guinea.

Para los analistas, el
mandatario también tendrá que analizar la continuidad de su jefe de
gabinete ministerial, Aníbal Torres, generador de diversas polémicas, la
más reciente cuando elogió en público a Hitler y Mussolini. El problema es que ya ha tenido cuatro equipos ministeriales, algo inusual para un lapso tan breve.


Los peruanos, molestos con su Gobierno y su Congreso, afrontarán así la
Semana de Pasión con la cada vez más debilitada esperanza de que desde
la clase política surjan fórmulas que permitan superar las tablas y
afrontar los problemas reales.