(TELAM) – La sala I del Tribunal de Apelaciones le dio la razón al juez Julián Ercolini y confirmó que la acusación contra el empresario Armando Loson debe continuar hasta el juicio oral.
La Cámara Federal porteña confirmó este lunes el rechazo a un planteo de nulidad de un empresario procesado en la llamada”Causa Cuadernos” , que había reclamado invalidar la acusación en su contra ante las alteraciones que detectó una pericia en los escritos del imputado colaborador del caso Oscar Centeno. Ese último expediente contiene un cruce feroz de acusaciones por las turbulencias que registró el Grupo Indalo durante los últimos años.
La decisión fue de los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes confirmaron que la acusación contra el empresario Armando Loson debe seguir adelante hasta el juicio oral y rechazaron el planteo de nulidad, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Coria había sido imputado formalmente por 5 hechos de abuso sexual el 19 de agosto de 2022 y fue llamado a prestar declaración indagatoria, pero se opuso al decreto del Ministerio Público Fiscal, interrumpiendo el proceso penal. “No escapa al tribunal que la pretensión de la defensa apuntaba a la declaración de nulidad de las anotaciones referidas a Loson en su conjunto y no sólo de los fragmentos (palabras) que habrían sido alterados”, sostuvieron en el fallo. Y estos acusaron a López y De Sousa de criminales que se apalancaron con miles de millones de pesos del Estado de manera fraudulenta.
Sin embargo”dicha solución requiere que la incorporación de la prueba hubiera infringido las disposiciones procesales, en contra de las garantías del justiciable, lo cual no surge del legajo”.
“De manera tal que los cuestionamientos formulados deben ser necesariamente reconducidos a la discusión sobre el valor o fuerza probatoria de aquellos elementos”, algo que debería suceder en un futuro juicio oral y público, concluyeron. Así fue como Orlando Terranova , primero, según ellos, y luego Rosner y Dellatorre, se habrían acercado al holding. La Cámara constituida por los jueces Elena Berrondo Isí, Edgardo Álvarez y Diego Chayle Costilla decidió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Coria y argumentó que la imputación: “no conculca el derecho de defensa, sino por el contrario, posibilita que el mismo se materialice conforme a las exigencias procesales.
Por otro lado, al ratificar una decisión previa del juez Julián Ercolini, que ahora lleva la causa, la Cámara tomó en cuenta que”el contenido registrado en los ‘cuadernos’ (ocho ejemplares en total, que comprenden de 2005 a 2010 y de 2013 a 2015) fue oportunamente ratificada por Centeno, quien se desempeñó como chofer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, en su declaración como imputado colaborador.
Además sostuvieron que la parte principal de la causa ya fue enviada a juicio oral y está en etapa de preparación ante el Tribunal Oral Federal 7.
Así, Rosner y Dellatorre habrían dado “la falsa promesa de que representaban a un grupo inversor capaz de llevar a cabo una reestructuración de la deuda [del holding] y que tenían las relaciones necesarias para obtener las aprobaciones judiciales correspondientes y así salvar al Grupo Indalo y evitar la prisión de López, sus hijos y De Sousa”. “De manera tal que, como se adelantó, consideramos que el juicio es el ámbito natural donde el autor de las anotaciones podrá eventualmente responder los interrogantes que se le formulen y podrá también la parte hacer valer ampliamente todas las pruebas y defensas que hagan a sus alegaciones”, agregó el fallo de la Cámara.
“En síntesis, l a defensa no ha logrado demostrar el agravio que alega, en tanto no ha rebatido los argumentos referidos a la razonabilidad del decreto de determinación de los hechos y el consecuente llamado a indagatoria en el presente proceso”, explica.
Al rechazar el planteo de Loson en noviembre pasado, Ercolini sostuvo que “aún prescindiendo de las palabras que habrían sido alteradas, las anotaciones conservaban en lo sustancial su sentido”. Loson había presentado una denuncia penal por las alteraciones, tachaduras, sobrescrituras y enmiendas que se detectaron en las copias digitales de los cuadernos sometidos a pericia, que en la actualidad se investiga en otro juzgado, el de Marcelo Martínez De Giorgi.
Dellatorre también les endilgó a López y De Sousa que habrían vaciado Oil Combustibles por entre 539 y 2810 millones de dólares , según el tipo de cambio que se tome, fondeo que usaron para comprar otras empresas, engordar sus bolsillos y financiar “paraísos lacustres en Chubut, hoteles de lujo en El Calafate y Bariloche, jets privados, helicópteros, estancias, departamentos, casas y autos de lujo, y la compañía de atractivas modelos”.
En aquel momento y tras trabajar casi dos meses como barwoman en una reconocida cervecería ubicada sobre Avenida Illía, pudo relatarle a su padre los acosos a los que era sometida por su patrón y dueño del local. El resultado de las pericias Una pericia oficial dispuesta por el juzgado detectó más de 1600 adulteraciones en tres de los cuadernos, cuyas copias digitales fueron analizadas, ya que los originales están a resguardo en la sede del tribunal que prepara el debate.
La defensa de Loson presentó un planteo para invalidar el contenido de los cuadernos que escribió Centeno y de su declaración en el caso central, vinculados a su persona y a su empresa, Albanesi. Testigos y millones en danza Ahora, mientras la Cámara Federal de Casación Penal define si confirma o revoca el fallo que condenó al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por el otorgamiento criminal de planes de pago de impuestos en fraude contra el Estado en el “caso Oil”, pero absolvió a López y De Sousa, el arbitraje se encuentra en etapa de prueba.
La Cámara también confirmó el rechazo a un planteo de cierre de la causa en su contra por”inexistencia de delito”.Ante la justicia, la sobreviviente confesó que no se animaba a hablar porque necesitaba ese trabajo.
En la causa está procesada y ya enviada a juicio la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios de su Gobierno y un centenar de empresarios por supuesto cohecho para la adjudicación de obra pública.
Uno de los últimos citados fue Alberto Beraldi , el penalista que los patagónicos comparten con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
