El debate por los celulares en las cárceles sigue generando chispazos

En una sesión que se extendió por casi dos horas, en la que se trataron 23 temas que componían el orden del día, este jueves casi sobre el final de la misma se volvió a discutir un pedido que ya había sido realizado el año pasado por el oficialismo, en relación a los protocolos de seguridad que se aplican en las unidades penales de la provincia para la tenencia y uso de teléfonos celulares por parte de los reclusos.

La comunicación presentada por el bloque mayoritario, lo que hace es repetir el pedido que se realizó durante 2022, mediante el cual se le solicita al Ministerio de Justicia de la provincia que prohíba los celulares y cualquier otro tipo de tecnología o equipamiento que permita a los privados de la libertad utilizarlos, usando esa vía de comunicación como contacto con el exterior.

El impulsor de esta comunicación, nuevamente Sebastián Pinilla (Juntos / PRO), argumentó que esta permeabilidad que les dio el mencionado protocolo fue puesta en marcha en plena pandemia, cuando los reclusos no podían recibir visitas. “Esa etapa de la pandemia se superó y ahora pueden recibir visitas”, explicó el edil del PRO, agregando que “sin embargo siguen utilizando los celulares sin ningún tipo de cuidado ni cumplimiento”. Pinilla manifestó que según estadísticas “todos los delitos referidos a extorsiones, estafas, e inclusive delitos extorsivos que salen desde las cárceles, podrían evitarse simplemente derogando el decreto que creó el protocolo” para el uso de estos equipos en las unidades penales.

El titular del PRO consideró además, que anulando esta permisión en las cárceles se haría más efectivo el trabajo de las fuerzas policiales que, cuando se producen los hechos delictivos que mencionó en su argumentación, “tienen que salir de raje para Mar del Plata para hacer allanamientos dentro de la cárcel”, y que eso perjudica la presencia por ejemplo de la Sub DDI local que en la actualidad cuenta “con ocho efectivos por turno, y en un procedimiento de esos van por lo menos seis, más el patrullero que no nos sobra”, manifestó.

No dando puntada sin hilo, y seguramente recordando el debate del año anterior y adelantándose al cruce y posterior rechazo que sabía que iba a venir, subrayó que lo que se estaba tratando era simplemente una comunicación al Ministerio de Justicia “y no la abolición de ese decreto” que creó el protocolo.

La concejala de la oposición Graciela Pilone tomó la palabra y volvió a explicar, como el año anterior, las razones de por qué no acompañaba este pedido. Inicialmente expuso que desde entonces a la fecha no se incrementaron esa clase de delitos generados desde el ámbito penitenciario. Además dijo que actualmente el protocolo se encuentra “específicamente y tecnológicamente más afiatado”, en cuanto al control de los chips y el seguimiento de los dispositivos electrónicos que ingresan a los penales.

Según la edil, el titular de la Sub DDI local le manifestó a través de un informe que antes de la puesta en marcha del debatido protocolo, ya existían este tipo de delitos originados en las cárceles. “Lamentablemente los hubo, los hay y los va a seguir habiendo, con o sin protocolo”, sostuvo.

Pilone agregó que “no hay un dato estadístico específico que confirme que durante la pandemia este tipo de delitos se multiplicó por el uso de celulares en las cárceles, esos ciberdelitos se cometen igualmente desde el exterior” de los centros de detención. También mencionó que existe internamente otro flagelo en las cárceles, como el narcotráfico y los asesinatos, todos motivados por dinero. “Sabemos que las cárceles distan mucho de ser lugares de recuperación, pero si encima los marginamos cada vez más, estamos dilapidando ese pequeño camino de recuperación”, concluyó.

Graciela Pilone explicó que con la implementación del protocolo “no han aumentado los delitos” relacionados al uso de celulares en las cárceles.