El proyecto está destinado a evaluar la presencia de plaguicidas en Europa y Argentina. Los resultados preliminares arrojan datos alarmantes, confirmando lo que cientos de comunidades a lo largo del país denuncian hace décadas: los plaguicidas no permanecen únicamente en los campos de cultivo: están presentes en suelos, el agua, el aire, en nuestros cuerpos.
En una comunicación, como investigadora responsable del proyecto en el país, Aparicio anunció la presentación pública de los resultados: “Le informamos que todos los participantes argentinos de SPRINT y personas interesadas en los avances de este proyecto están invitados a una reunión virtual de INTA, que se desarrollará el día 21 de junio para la presentación de los resultados argentinos generales. En esta reunión se brindarán los avances de forma general y anónima respecto de sus datos. Próximamente enviaremos la invitación y esperamos que puedan participar”.
Sin embargo, la invitación no llegó. Antes lo hizo la comunicación institucional del INTA, que obligó a Aparicio a suspender la difusión. Un hecho de suma gravedad que censura el trabajo de investigación en un organismo público y pone de manifiesto la ausencia sistemática de datos oficiales sobre el impacto ambiental y sanitario de estas sustancias de uso intensivo en la actividad agrícola, una de las principales de la matriz productiva argentina. Una “ausencia” indispensable para el sostenimiento del agronegocio como política de Estado.
El proyecto SPRINT, iniciado en 2008, es resultado de una coordinación internacional que involucra a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a once países. Argentina es el único de nuestro continente. Durante la primera quincena de noviembre de 2021, se llevó adelante un muestreo de primavera del contenido de plaguicidas en muestras biológicas humanas, siguiendo un protocolo acordado para todos los países participantes. Este protocolo fue revisado por pares y publicado en una revista científica. En Balcarce se realizó el pre-procesamiento de las muestras, que luego fueron remitidas a diferentes laboratorios europeos para su análisis. El informe preliminar indicó que en las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de 73 participantes argentinos se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas.
Según la comunicación oficial realizada por la dirección nacional del INTA a Aparicio, la suspensión de la comunicación de los resultados obedece a que estos estudios, previamente aprobados por el organismo, “exceden la incumbencia institucional”. Las primeras preguntas que surgen son: ¿Qué le compete investigar a un organismo estatal dedicado al sector rural? ¿Quién decide qué y para qué investiga?
La centralidad de la renta de la tierra para el capitalismo argentino, la gravitación de las clases dominantes vinculadas a la producción agropecuaria y la disputa histórica por el acceso a la tierra no estuvieron disociadas de sus planes de investigación y extensión rural en el pasado. Y no lo están hoy. Como expresión de este proceso complejo, cabe recordar que su Consejo Directivo, ayer como hoy, tiene representación (con voz y voto) de las principales corporaciones del agro argentino. Por el contrario, la agricultura familiar y campesina —que en Argentina y en el mundo es portadora de la soberanía alimentaria— carece de representación. ¿Cómo se relaciona esto con la problemática en torno a los plaguicidas? ¿Excede a un organismo como el INTA participar en investigaciones que den cuenta de su presencia en los cuerpos de quienes habitamos el país?
Virginia Aparicio ingresó al INTA como estudiante en 1997. Un año antes, el gobierno argentino había autorizado la soja transgénica RR (resistente al Roundup), en base a documentos en inglés aportados por las propias empresas interesadas. En pleno auge neoliberal, el desierto verde que hoy recorre nuestro país con una misma postal de postergación social y depredación ambiental estaba por expandirse a pasos agigantados.
En 2004, Aparicio ingresó a la planta del INTA y dos años después lo hizo como investigadora de Conicet. Su trayectoria expone un fenómeno que nos confronta con la discusión pública en torno a qué ciencia se produce desde el Estado, cómo impacta en nuestras vidas y qué podemos decir/decidir sobre preguntas que son construidas fuera de nuestro alcance: ¿Qué produce nuestro país?, ¿cómo nos alimentamos?, ¿quién cubre el “costo” sanitario y ambiental de esta matriz productiva? Matriz que continúa siendo reforzada pese a que han saltado todas las alarmas: incendios forestales, inundaciones, desmontes, contaminación de aguas, crisis sanitaria y profundización de la desigualdad.
En una comunicación, como investigadora responsable del proyecto en el país, Aparicio anunció la presentación pública de los resultados: “Le informamos que todos los participantes argentinos de SPRINT y personas interesadas en los avances de este proyecto están invitados a una reunión virtual de INTA, que se desarrollará el día 21 de junio para la presentación de los resultados argentinos generales. En esta reunión se brindarán los avances de forma general y anónima respecto de sus datos. Próximamente enviaremos la invitación y esperamos que puedan participar”.
Sin embargo, la invitación no llegó. Antes lo hizo la comunicación institucional del INTA, que obligó a Aparicio a suspender la difusión. Un hecho de suma gravedad que censura el trabajo de investigación en un organismo público y pone de manifiesto la ausencia sistemática de datos oficiales sobre el impacto ambiental y sanitario de estas sustancias de uso intensivo en la actividad agrícola, una de las principales de la matriz productiva argentina. Una “ausencia” indispensable para el sostenimiento del agronegocio como política de Estado.
El proyecto SPRINT, iniciado en 2008, es resultado de una coordinación internacional que involucra a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a once países. Argentina es el único de nuestro continente. Durante la primera quincena de noviembre de 2021, se llevó adelante un muestreo de primavera del contenido de plaguicidas en muestras biológicas humanas, siguiendo un protocolo acordado para todos los países participantes. Este protocolo fue revisado por pares y publicado en una revista científica. En Balcarce se realizó el pre-procesamiento de las muestras, que luego fueron remitidas a diferentes laboratorios europeos para su análisis. El informe preliminar indicó que en las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de 73 participantes argentinos se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas.
Según la comunicación oficial realizada por la dirección nacional del INTA a Aparicio, la suspensión de la comunicación de los resultados obedece a que estos estudios, previamente aprobados por el organismo, “exceden la incumbencia institucional”. Las primeras preguntas que surgen son: ¿Qué le compete investigar a un organismo estatal dedicado al sector rural? ¿Quién decide qué y para qué investiga?
La “incumbencia” del INTA: ¿Ciencia empresarial para las corporaciones o ciencia crítica con las comunidades?
Creado en 1956, en tiempos de expansión del paquete tecnológico agrícola impulsado por la “revolución verde”, el decreto de creación del INTA argumentaba: “Que la producción agropecuaria es básica para satisfacer las necesidades primarias de la población, constituyendo actualmente además la mayor fuente de recursos para la economía del país”. Y afirmaba la responsabilidad del Estado de “promover su desarrollo eficiente, velando al propio tiempo por la conservación de los recursos naturales, que constituyen su patrimonio fundamental”.La centralidad de la renta de la tierra para el capitalismo argentino, la gravitación de las clases dominantes vinculadas a la producción agropecuaria y la disputa histórica por el acceso a la tierra no estuvieron disociadas de sus planes de investigación y extensión rural en el pasado. Y no lo están hoy. Como expresión de este proceso complejo, cabe recordar que su Consejo Directivo, ayer como hoy, tiene representación (con voz y voto) de las principales corporaciones del agro argentino. Por el contrario, la agricultura familiar y campesina —que en Argentina y en el mundo es portadora de la soberanía alimentaria— carece de representación. ¿Cómo se relaciona esto con la problemática en torno a los plaguicidas? ¿Excede a un organismo como el INTA participar en investigaciones que den cuenta de su presencia en los cuerpos de quienes habitamos el país?
Virginia Aparicio ingresó al INTA como estudiante en 1997. Un año antes, el gobierno argentino había autorizado la soja transgénica RR (resistente al Roundup), en base a documentos en inglés aportados por las propias empresas interesadas. En pleno auge neoliberal, el desierto verde que hoy recorre nuestro país con una misma postal de postergación social y depredación ambiental estaba por expandirse a pasos agigantados.
En 2004, Aparicio ingresó a la planta del INTA y dos años después lo hizo como investigadora de Conicet. Su trayectoria expone un fenómeno que nos confronta con la discusión pública en torno a qué ciencia se produce desde el Estado, cómo impacta en nuestras vidas y qué podemos decir/decidir sobre preguntas que son construidas fuera de nuestro alcance: ¿Qué produce nuestro país?, ¿cómo nos alimentamos?, ¿quién cubre el “costo” sanitario y ambiental de esta matriz productiva? Matriz que continúa siendo reforzada pese a que han saltado todas las alarmas: incendios forestales, inundaciones, desmontes, contaminación de aguas, crisis sanitaria y profundización de la desigualdad.
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| Infografía de los países participante del proyecto Sustaninble Plant Protectcion Transition (SPRINT). |
Pergamino, un caso testigo para romper la censura del INTA
En 2017, junto a otros investigadores, Aparicio compiló el libro Plaguicidas en el ambiente, que al poco tiempo fue retirado del sitio web institucional. Uno de sus capítulos analiza la contaminación por plaguicidas en la cuenca del arroyo Pergamino. Este partido bonaerense, bautizado “la capital nacional de la semilla”, es uno de los pocos en los que las demandas de la población tuvieron una resolución favorable en los tribunales. La disposición cautelar que resolvió aplicar distancias a las fumigaciones, junto a los testimonios, la presentación de estudios de daño genético en la familia de Sabrina Ortiz (víctima, abogada y querellante), se basó en muestras de suelo y agua realizados por el laboratorio de plaguicidas de INTA Balcarce, a cargo de Virginia Aparicio.Un informe del Cuerpo Médico Forense de la justicia nacional, firmado por Flavia Alejandra Vidal, el 4 de abril de 2019 se dirigió al juez federal de San Nicolás a cargo de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo. Explicó que solamente con un estudio analítico de 49 plaguicidas (en Argentina se utilizan más de 600), “los valores informados por la Dra. Virginia Aparicio encontrados en los análisis de las muestras líquidas, NO SON APTOS para consumo humano” (citado en El campo como alternativa infernal, p.174). Actualmente, y pese a la vigencia de la medida cautelar, el municipio incumple la entrega de bidones de agua a la población. Entre tanto, Florencia Morales —querellante— falleció producto de un cáncer derivado de su exposición a las fumigaciones.
En 2020, autoridades de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Pergamino solicitaron al juez de la causa que el predio de la Estación Experimental fuera exceptuado de las distancias a las fumigaciones impuestas en todo el partido. Uno de los directivos firmantes, Trebino, poco antes había elaborado un comunicado institucional en el que prohibía el uso del término “agrotóxico” entre los trabajadores del INTA, argumentando que “su empleo implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica, que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental”.
“Se debe emplear ‘productos fitosanitarios’ o ‘agroquímicos’ en vez de ‘agrotóxicos’ o cualquier otra referencia que implique un posicionamiento sobre estos productos que no se corresponde con decisión institucional alguna”, ordenaba el comunicado del INTA. El episodio fue reconstruido por Darío Aranda con un título que resumía “El petróleo avanza sobre el agro y el INTA censura”.
El criterio metodológico considerado en la causa judicial y utilizado por el equipo del INTA para dictaminar el estado del agua de consumo de Pergamino tomó los parámetros de la Unión Europea, porque en nuestro país no existen Valores Regulatorios de Plaguicidas en Agua Potable (VRPA). Si nos guiamos por las regulaciones vigentes (como el Código Alimentario), los principales plaguicidas en uso hace más de veinticinco años en la actividad agrícola ni siquiera figuran en el listado de sustancias que deben medirse para determinar si el agua que tomamos es o no potable. Sin embargo, no existen declaraciones públicas, respuestas institucionales, ni preocupaciones oficiales que a lo largo de los años hayan expresado su preocupación por la “incumbencia” de estas disposiciones.
INTA, desierto verde homogéneo y silenciamiento de la diversidad
Lo mismo podemos decir del agronegocio en su conjunto. Después de décadas de implementada esta agricultura y a pesar de cientos de comunidades que denuncian afecciones sanitarias y ambientales, así como de múltiples investigaciones nacionales e internacionales que dan cuenta de la presencia nociva de los plaguicidas, el Estado argentino no ha realizado relevamientos epidemiológicos ni muestreos ambientales sistemáticos. Las poblaciones, en cambio, los realizan en forma espontánea y también los financian.Ante la pregunta por si es incumbencia del INTA participar en la realización de estudios que involucran muestras biológicas humanas, resulta absurdo no contemplar la relación entre el monitoreo de la actividad agrícola y la presencia de estas sustancias. ¿Se trata de dirimir si es competencia del Ministerio de Salud? ¿Existe este tipo de cuestionamientos sobre responsabilidad e incumbencia cuando se realizan investigaciones con fondos estatales que tienen por resultado variedades modificadas que multiplican el uso de plaguicidas en beneficio de unas pocas corporaciones?
Como sucede en cualquier ámbito estatal, no existe un único INTA. Su alcance territorial es tan amplio como la variedad de enfoques, convive la extensión rural pensada con fundamentos emancipadores, las investigaciones en agroecología, los institutos de Agricultura Familiar, con una ciencia empresarial que desoye las preocupaciones “tranqueras afuera”. Esta heterogeneidad no es simétrica: quienes vienen alertando sobre la inviabilidad de este modelo agrícola no tienen los mismos recursos, ni la misma capacidad de decisión. Expresión de una política que lo excede, en el INTA se manifiesta un mismo mecanismo que es fundamental para el sostenimiento de los sectores extractivos que apuntalan la matriz productiva argentina: homogeneización y silenciamiento.
“El campo” argentino que hoy conocemos es resultado de un proceso histórico que nada tiene de natural. La extensión ininterrumpida de la frontera agrícola desde la década de 1970 en adelante y la conformación del “modelo sojero” en los años noventa ha generado una homogeneización múltiple. De los paisajes (“pampeanizados”), de la biodiversidad, también de los sujetos sociales agrarios, de las formas de vida y de habitar los territorios. Una máquina aplanadora de la diversidad, propia de la lógica colonizadora y binaria del capital, que en nuestras tierras nos devuelve una misma imagen de uniformidad de espacios rurales vaciados mediante migraciones forzadas, desmantelamiento de circuitos productivos y una inocultable transversalidad de sus implicancias ambientales y sanitarias.
Los problemas ya no son “de los pueblos fumigados”: poblaciones de los cascos urbanos en Pergamino, La Matanza o Chaco manifiestan las mismas enfermedades y quedan encerradas en la trampa de la evidencia. Allí donde el Estado no ha exigido ni producido datos, a ellas les demanda probar los daños. Es también a los investigadores que participan de este proceso a quienes persigue con argumentos metodológicos y competencias burocráticas.
La homogeneización va entonces acompañada del silenciamiento: a quienes quieren decidir cómo vivir en sus territorios, a las miradas de la ciencia crítica, a la protesta social. A esa que desde Andalgalá a Purmamarca es reprimida para sostener una matriz extractivista, que profundiza la crisis de la que nos proponen salir con más extractivismo.
Los extractivismos en general, y el agronegocio en particular, no cuentan con licencia social. Dentro del sistema científico que interviene en estas dinámicas productivas también se silencian las miradas críticas que desde múltiples ramas del conocimiento vienen advirtiendo su inviabilidad.
Como señala el membrete de la nota oficial que por estos días recibió Aparicio, la comunicación se realiza a 40 años de recuperada la democracia. El INTA, uno de los organismos que más ha sufrido la intervención en tiempos de la última dictadura cívico-militar, ha avanzado junto a su Comisión de Reparación Histórica en reconstruir lo sucedido durante su intervención. Sin duda, aquellos debates truncados hoy pondrían sobre la mesa qué ciencia necesita nuestra democracia. Una ciencia empresarial, funcional a la mercantilización de nuestros bienes comunes naturales y al empobrecimiento de nuestro pueblo, o una ciencia rebelde, como la bautizara Oscar Varsavsky.
A 40 años del fin de la última dictadura, nuestra democracia está repleta de deudas estructurales. La producción agro-extractiva no ha resuelto los problemas de la desigualdad, no garantiza la producción alimentaria y continúa creando nuevos conflictos socio-territoriales y degradaciones ambientales. Sin embargo, plataformas electorales y actores empresariales proponen como salida a la crisis profundizar la misma matriz productiva que la ha originado. Sin recetas mágicas, la única salida posible exige abrirnos paso en el desierto uniforme y tejer lazos entre colectivos y conocimientos. Visibilizando los silencios y articulando las acciones para decidir colectivamente cómo habitar nuestros territorios.
Fuente: Agencia Tierra Viva.
