Juicio a la Corte: citaron a Frigerio y piden huellas de voz de D’Alessandro

Al abrir la reunión, Gaillard precisó que Maqueda, que había sido citado para esta reunión, no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

“La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social”, aseveró la diputada del FdT, quien dijo que “él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho”.

Durante la reunión los diputados aprobaron citar para después de las elecciones generales a Frigerio, exministro del Interior del Gobierno macrista y actual precandidato a gobernador de Entre Ríos, a partir de un planteo del diputado Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos).

Desde la oposición, en tanto, el diputado de JxC Juan Manuel López (CC) rechazó la convocatoria a Frigerio, al sostener que “no se puede citar a una persona que tuvo una actitud no muy común que es renunciar a una banca para hacer campaña y que está compitiendo para el 13 de agosto, de una provincia de la que es oriundo también el diputado”.

“Quieren someter al candidato a gobernador más competitivo de la provincia. El se podría haber quedado con sus fueros y no venir pero no lo hizo y renunció a su banca. Me opongo desde todo punto de vista”, afirmó López, al justificar el rechazo de JxC a la citación de Frigerio.

Tras un breve debate entre el oficialismo y la oposición, los diputados acordaron dejar la convocatoria para después de las elecciones generales del 22 de octubre, ante una propuesta de la propia Gaillard y del diputado del FdT Leopoldo Moreau, que sostuvo que “esta citación hay que materializarla después de la elección”.

También se aprobó una ampliación de prueba impulsada por Rodolfo Tailhade (FdT), para que se incorpore como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, durante una entrevista en el programa A dos voces (canal TN).

La ampliación de prueba también contempla que se cite en la próxima reunión a una serie de funcionarios nacionales, entre ellos ministros de Economía de diferentes provincias y a la extitular de Hacienda y exsecretaria de Provincias Silvina Batakis y al Procurador General porteño Astarloa, así como funcionarios del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

El planteo de Tailhade, aprobado en la reunión, incluye la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad, al señalar que “es el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”, estrecho colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

“Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones”, afirmó Tailhade, quien pidió además que se realicen “tomas de las huellas biométricas de voz de D’Alessandro y se haga un peritaje para cotejar posible identidad de los chats”.

En esos chats, figuran conversaciones que D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, habría mantenido con Silvio Robles.

En la reunión expuso Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien dijo que “la postura del Gobierno nacional respecto de los 3 decretos queda de algún modo condensada en los considerandos del decreto 2020 que los dejó sin efecto en función de la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo tiene aquella medida” y negó que el Poder Ejecutivo esté incumpliendo con el fallo de la Corte.

“Los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y que en el convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad no fue estimado el costo de la ejecución de esos servicios, ni se estableció ningún control”, aseveró Diez, quien destacó que los decretos “nunca fueron aprobados expresamente por el Congreso”.

Luego de la exposición de Diez, la comisión recibió a Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, convocado por lo hecho por su dependencia en relación a lo resuelto finalmente por los cuatro magistrados en el fallo de coparticipación.

Si bien ese era el motivo de la convocatoria, el funcionario del poder judicial aclaró que no participó de la ponderación técnica previa a esa resolución del máximo tribunal.

Consultado por diputados del oficialismo, explicó: “No tengo relación con los ministros de la Corte, siempre los pedidos que nos hacen son a través de la Secretaria General, o eventualmente por algún secretario letrado. Pero desconozco quién los pide originalmente”.

En ese sentido, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, completó: “Sabemos que en la cadena los cuadros técnicos van respondiendo a los mandos jerárquicos”.

Durante la reunión, el diputado del PRO Pablo Tonelli había acusado al Gobierno nacional de “incumplir” con el fallo que establece que el Estado nacional debe entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en la ley 23.548 de coparticipación.

“Esa cosa de la antinomia Ciudad contra el interior da a viejo y no está bueno. Tengamos en cuenta que el Presidente, el ministro de Economía, el titular del Banco Nación, están incurriendo en un delito penal que en algún momento van a tener que rendir cuentas en la justicia”, aseveró la diputada de la CC Paula Oliveto.

Ese planteo fue rechazado por el titular del bloque del FdT, quien señaló que “estamos con una hipótesis de una connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad y esa connivencia fue la que generó esta sentencia claramente, que tampoco es sentencia, es una cautelar. Todo esto es para abonar una investigación, a la cual se podrá llegar o no al mal desempeño”.

El expediente que analiza la comisión de Juicio Político se inició luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera el pasado 21 de diciembre que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

La próxima reunión de la comisión se realizará el próximo martes a las 13; en tanto que la siguiente fue agendada para el martes 1 de agosto, tras el virtual receso invernal de dos semanas.