La AGN concluyó que la "agencia de bienes del Estado -durante el gobierno de Cambiemos- vendió inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado, no destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social y no cumplió con la legislación vigente".
Ese organismo auditó la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional referido a alquileres, ventas y traspasos entre los años 2016 y 2019, período en el que gobernó el macrismo.
Entre los resultados del reporte, se consignó que se llevaron a cabo "71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842,4 millones de dólares" y que la ciudad de Buenos Aires "concentró el 77,2% de las operaciones".
En relación a las ventas, en el 100% de los expedientes analizados, se observó la falta de mecanismos utilizados por la AABE para "determinar el precio base de las subastas", y se observó que en "el 56% de los casos se adjudicó a un menor valor que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación", que implicó una "merma en el ingreso de fondos por 62 millones de dólares".
También se verificó que, ante una devaluación superior al 100%, "no se actualizó el valor de recupero de los inmuebles a la fecha de su liquidación", y que entonces se calculó "equivocadamente el monto resultante de la venta, lo que impactó negativamente en los montos destinados al Estado Nacional por 426,6 millones de pesos".
Además, se analizó que en la venta del inmueble de Catalinas Norte II, ubicado en Puerto Madero, el Tribunal de Tasaciones de la Nación realizó la tasación sobre de la propiedad por una superficie que resultó 39% menor a la que se terminó escriturando, generando que la AABE reciba "un valor inferior al que le correspondía", se indicó.
En cuanto al principio de subastas, se consideró que "se vio vulnerado" porque se constató que hubo una "baja participación de oferentes" porque en el "58,8% de los casos no hubo puja entre oferentes, lo que impidió obtener el mayor precio que esté dispuesto a pagar el mercado".
En relación a las operaciones que no constituyeron ventas, se advirtió que la AABE "no realizó asignación de inmuebles para programas que atiendan demandas habitacionales de la población, como el Procrear, conforme a lo previsto en la normativa, derivando en la falta de aprovechamiento de inmuebles del Estado con destino a las políticas redistributivas, el crecimiento y el desarrollo económico con inclusión social".
Respecto a la modalidad conocida como dación en pago, se alertó que "se utilizó a partir de enero de 2019 transfiriendo inmuebles por 169,9 millones de USD al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires contrariando el marco normativo vigente" porque esa "modalidad fue factible recién en octubre de 2019".
Además, se detectó que contrariando la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal -prohíbe la donación o venta de activos fijos durante los últimos seis meses de fin de mandato presidencial que coincide con el período electoral-, la AABE transfirió inmuebles en concepto de dación en pago al Gobierno de la CABA por 148,2 millones de USD.
La modalidad de transferencia dación en pago fue derogada en febrero de 2020, al poco tiempo de asumir la presidencia Alberto Fernández.
