"Evadir es robar y eso tiene que quedar claro. El fallo demuestra además el abuso de poder que fue cometido por el expresidente", afirmó este viernes en declaraciones a Radio 10 la legisladora, una de las denunciantes frente a la justicia.
El jueves un fallo declaró la nulidad absoluta de cuatro artículos del decreto con el que Macri habilitó el acceso de familiares de funcionarios públicos al blanqueo de activos en el marco del llamado "sinceramiento fiscal" en 2016.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, quien advirtió que la inclusión de esos artículos en el decreto significó la "extensión de un beneficio a un caso no previsto oportunamente en la ley", según la sentencia a la que tuvo acceso Télam.
Según Di Tullio, "solo los familiares de Macri blanquearon 35 millones de dólares", y agregó que "no fueron los únicos familiares con beneficios ya que hay muchos altos funcionarios de su Gobierno que también lo hicieron".
Por esto, "corresponde ahora la investigación de los delitos penales que pudiera haber habido ya que tienen que decir de dónde provinieron esos fondos a fin de que se pueda realizar la trazabilidad de los mismos".
Consultada sobre si esta situación podría devenir en una denuncia penal contra Macri respondió: "Si, claro, si corresponde".
Además Di Tulio remarcó que "el fallo dice que la AFIP puede ir a reclamar el pago de todos los impuestos que correspondan. Es una manera virtuosa en la que puedan regresar los fondos al Estado tras la decisión inconstitucional de Mauricio Macri".
En este punto, la legisladora recordó que el blanqueo operó como "una especie de ventana donde los familiares de los funcionarios no tenían que decir de dónde obtuvieron ese dinero" situación que "ha cambiado" tras el dictamen.
"Otra cosa interesante del fallo es que dice que Macri abusó de su poder por sobre las decisiones que la Constitución le concede al Poder Legislativo ya que el espíritu de los legisladores y las legisladores fue prohibir que los familiares de cualquier funcionario pudieran blanquear dinero", agregó.
Consultada sobre los siete años que tardó la justicia en pronunciarse, Di Tullio analizó que "es lo que dice el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, que una justicia que tarda tantos años no puede prosperar".
Sin embargo, valoró el pronunciamiento en un contexto donde "los argentinos estamos tan preocupados por el valor del dólar" en un marco de "dichos irresponsables" de candidatos presidenciales como Javier Milei (La Libertad Avanza), por lo que le parece de igual forma "una buena noticia".
La resolución del juez Cormick se produjo en el marco de la demanda de la organización Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Civil La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil y los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti.
