Según informó el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, 7 personas quedaron detenidas durante los operativos, en los que se secuestraron teléfonos celulares y elementos tecnológicos que serán peritados en los próximos días.
El organismo bonaerense también detalló que se hallaron 61 niños y niñas en los domicilios allanados.
Entre los delitos investigados, contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, se incluye la descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, la posible producción de este material, y el delito de acoso sexual en línea, conocido comúnmente como Grooming.
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| En los procedimientos se hallaron 61 niños y niñas. |
El operativo Protección de las Infancias II es una continuación directa de Protección de Infancias I, realizado en junio de 2023, que utilizó "el sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), plataforma empleada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades, en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes", explicó el MP bonaerense.
Los allanamientos se realizaron, en su mayoría, en la provincia de Buenos Aires, en los departamentos Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate Campana.
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| Se realizaron 107 allanamientos simultáneos en 62 localidades. |
En los operativos, precisó el MP bonaerense, intervinieron 22 Fiscalías y departamentos especializados, 22 Referentes en Delitos de Material de Abuso Sexual Infantil Y Grooming, más de 80 funcionaries y agentes Judiciales, 88 integrantes de la Policía Federal y más de 800 integrantes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
La ejecución de los mismos fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de la Doctora Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo del Doctor Francisco Pont Vergés.
