Una serie de allanamientos ejecutados en Mar del Plata y diversas localidades del país ha desmantelado una red de apuestas virtuales ilegales que operaba sin autorización. La investigación, que se desarrolla bajo la dirección de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), comenzó con una denuncia del Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA.) de Salta, quien alertó sobre una red de casinos online no registrados que promocionaba sus servicios en medios masivos de comunicación.
Los operativos, que se iniciaron el martes, se llevaron a cabo principalmente en la ciudad de Salta, aunque también se extendieron a Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata. La fiscalía, con el apoyo de investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), desplegó un complejo dispositivo de vigilancia que incluyó intervenciones telefónicas y el uso de un "agente encubierto digital" en plataformas online de apuestas durante un período de dos meses. Esta estrategia permitió a los investigadores trazar con precisión la operativa de los responsables, descubriendo una red que reclutaba apostadores a través de redes sociales y funcionaba mediante plataformas de juegos en línea no autorizadas.
En total, se llevaron a cabo 19 allanamientos en distintos puntos del país, lo que resultó en la inmovilización de 253 cuentas bancarias relacionadas con la red. Además, se ordenó el bloqueo de los sitios web involucrados en la actividad ilegal y se solicitó a las autoridades educativas de Salta el cierre de acceso a estos sitios desde los establecimientos escolares de la provincia. La medida también incluyó la prohibición de salida del país para los ocho principales involucrados en la organización.
La denuncia inicial fue presentada el 3 de noviembre de 2023, tras la identificación de una mujer que promocionaba a través de los medios una plataforma de apuestas conocida como BET91, junto a otras marcas como Celuapuestas y Red Las Únicas. Estas plataformas operaban sin ningún tipo de regulación estatal y no cumplían con las normativas vigentes, lo que elevaba los riesgos tanto para los jugadores como para el sistema financiero. Además, la actividad no cumplía con las regulaciones en materia de prevención de la adicción al juego, lavado de dinero y fiscalización tributaria, áreas fundamentales para el funcionamiento de cualquier plataforma de juegos de azar legítima.
La estructura de la red se organizaba en varias capas. Desde los "cajeros" que actuaban como captadores de apuestas a través de redes sociales hasta los “administradores” que gestionaban el flujo de dinero y apuestas. Estos actores intermediaban entre los apostadores y los “respaldos”, quienes eran los encargados de recibir las apuestas y entregar los premios a los jugadores. Los pagos se realizaban mayoritariamente a través de plataformas como Mercado Pago, mientras que las ganancias eran gestionadas en un entorno opaco, sin controles adecuados.
Este caso pone de relieve el crecimiento de las apuestas online ilegales, un fenómeno que sigue creciendo a pesar de los esfuerzos por regular y controlar este mercado. Las autoridades judiciales y de seguridad continúan con las investigaciones, mientras que se espera que la causa tenga repercusiones a nivel nacional, generando un llamado a reforzar el control sobre el juego online en Argentina.
