Siete personas murieron y más de 300 resultaron heridos.
(NA) - La explosión de la Fábrica Militar de Armamentos en la ciudad cordobesa de Río Tercero que mató a siete personas y dejó un saldo de más de 300 heridos sigue impune y continúa el reclamo de justicia, a 29 años del siniestro.
A las 8:55 de ese viernes de 1995, alrededor de 20 mil proyectiles salieron despedidos, Río Tercero quedó reducida a escombros y se convirtió en un escenario de destrucción total y desolación.
Decenas de viviendas y autos terminaron en ruinas, mientras que toda el área urbana quedó llena de esquirlas y municiones de guerra.
Los lugares más afectados por la explosión fueron los barrios linderos a la fábrica: Cerino, Libertador, Las Violetas y Escuela, entre otros.
La población era de 44 mil habitantes y al menos 6 mil fueron evacuadas o autoevacuadas, al tiempo que el 10% emigró de la ciudad por temor a nuevas explosiones.
Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela, las siete víctimas fatales del estallido eran ajenas a la fábrica, al igual que todos los heridos.
El presidente Carlos Saúl Menem viajó ese día a la ciudad, brindó una conferencia de prensa y afirmó que la catástrofe se generó como onsecuencia de un accidente.
Cuando los periodistas le consultaron si la posible causa era un atentado, el ex jefe de Estado contestó: "Le estoy diciendo que no, descártelo totalmente, es un accidente. Se trata de un accidente y no un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra".
El 23 de diciembre de 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba dictaminó condenas de entre 10 y 13 años por el delito de "estrago doloso seguido de muerte" para cuatro imputados por la voladura de la fábrica.
El ex director de Fabricaciones Militares Edberto González de la Vega; Carlos Franke, quien también integraba la Dirección del organismo; y el ex director de la fábrica de Río Tercero Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años de prisión.
En tanto, el jefe del área Mecánica Marcelo Gatto recibió la pena de diez años de cárcel.
Según determinó la Justicia, se trató de un atentado para encubrir la venta por contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, y no de un accidente como se creyó en un principio.
El ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem, quien gobernaba durante su segundo mandato, fue sentenciado a siete años de prisión, aunque nunca fue a la cárcel porque tenía fueros en el Congreso ya que era senador.
Aquellos que apuntaban contra la responsabilidad del riojano aseguran que, como mandatario, no pudo desconocer la maniobra por la cual se quiso ocultar el faltante de material bélico en la repartición militar.
Cuando Menem falleció el 14 de febrero de 2021 en el Sanatorio de los Arcos, donde estaba internado por una infección urinaria, la ciudad de Río Tercero no adhirió al duelo nacional decretado por el entonces mandatario Alberto Fernández.
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Río Tercero luego de la explosión. |
"El 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25 Aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el intendente Marcos Ferrer firmó el Decreto 638/2020 donde se declaró persona no grata a Menem", recordó la ciudad, gobernada por el radical de Juntos por el Cambio Marcos Ferrer.
Y agregó: "Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995".
Además, alrededor de 10 mil personas presentaron demandas por daños psíquicos, morales y perjuicios contra el Estado argentino, que estableció un fondo de 80 millones de dólares para atender las indemnizaciones, con un tope por persona de 50 mil dólares.
Y agregó: "Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995".
Además, alrededor de 10 mil personas presentaron demandas por daños psíquicos, morales y perjuicios contra el Estado argentino, que estableció un fondo de 80 millones de dólares para atender las indemnizaciones, con un tope por persona de 50 mil dólares.
