La medida del Gobierno de Milei alcanza a los 12 mil internos de los 31 establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
(DIB) - Los presos que estén alojados en cárceles federales, es decir dependientes del Gobierno nacional, tendrán la obligación de realizar tareas de mantenimiento de los lugares comunes como son las celdas, pabellones y patios, para su reinserción sin percibir ninguna remuneración a cambio.
Así lo decidió la administración de Javier Milei a través del Ministerio de Seguridad, que estableció por medio de la Resolución 1346/2024, “la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”.
La normativa fue publicada en el Boletín Oficial de este miércoles y lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
La medida apunta a promover la reinserción social y reducir la reincidencia, según lo estipulado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660) y la Constitución Nacional. Además, busca disminuir la ociosidad entre los internos, considerada un factor de incremento de violencia y desorden en los penales.
El SPF será el encargado de elaborar planes y cronogramas específicos para estas tareas, además de supervisar su cumplimiento. Estas actividades pueden desarrollarse hasta el lapso de cinco horas diarias y los internos no recibirán dinero por la labor realizada.
La resolución enfatiza que estas labores constituyen un deber derivado del mandato constitucional de mantener cárceles “sanas y limpias” y contribuyen a una convivencia ordenada dentro de los establecimientos. Y los materiales, se aclaró, serán provistos por el SPF.
Esta medida integra a todos los casi 12 mil internos que posee el SPF en todos los penales del país, sin discriminar que estén procesados o condenados. También están incluidos los presos calificados como de “alta peligrosidad” y los que están alojados por delitos de lesa humanidad.
