Diversos organismos de Derechos Humanos expresaron su repudio a las amenazas y agresiones dirigidas hacia la jueza Karina Andrade, quien intervino en el caso de las recientes detenciones realizadas durante una manifestación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según denunciaron en un comunicado conjunto, las detenciones fueron catalogadas como "violentas e ilegales", y señalaron que las personas aprehendidas se encontraban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta, la libre expresión y a peticionar a las autoridades.
En el documento, las organizaciones manifestaron su preocupación por lo que consideran una práctica orientada a "disciplinar" a quienes intentan hacer valer la Constitución Nacional y las leyes que sostienen el sistema democrático. En este sentido, apuntaron contra el gobierno nacional y denunciaron una escalada de "autoritarismo y violencia criminal" por parte del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios.
Entre las entidades firmantes del comunicado se encuentran Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y la Asociación Buena Memoria.
Las organizaciones reclamaron el cese de este tipo de agresiones y exigieron respeto por el accionar independiente del Poder Judicial y por los derechos consagrados en el marco democrático argentino.
