Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó en la ciudad de Balcarce dos allanamientos en el marco de una causa por infracción a la Ley 26.364, normativa que tiene como objetivo la prevención y sanción de la trata de personas, así como la asistencia integral a sus víctimas.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, con intervención de la Secretaría Penal Nº 2, encabezada por la doctora Silvana Sánchez. La investigación está siendo instruida por la fiscal Laura Mazzaferri, de la Fiscalía Federal N° 1.
Los operativos, realizados en simultáneo por personal de la Prefectura Mar del Plata, tuvieron lugar en un predio rural y en un domicilio del casco urbano de Balcarce. En ambos casos, el ingreso se efectuó mediante el uso mínimo e indispensable de la fuerza, bajo la presencia de testigos, conforme a los protocolos judiciales vigentes.
Durante los registros, se secuestró un revólver calibre 32, varias armas blancas, dinero en efectivo, y diversos dispositivos electrónicos, entre ellos un DVR, dos notebooks, un pendrive, un CPU, una tablet y un contador de billetes, además de documentación de interés para el avance de la causa.
El personal de Prefectura trabajó de manera articulada con integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación; y la Delegación Regional Balcarce del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
Contexto:
La trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos. La Ley 26.364, sancionada en 2008 y modificada posteriormente, establece medidas para la prevención del delito, la persecución penal de los responsables y la protección y asistencia de las víctimas. En su modalidad más común, la trata involucra la captación, traslado o recepción de personas con fines de explotación laboral, sexual o de otra índole, utilizando la coacción, el engaño o el abuso de una situación de vulnerabilidad.La causa continúa en etapa de investigación mientras se analiza la información recabada en los allanamientos.
