Proponen que Balcarce adhiera a la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad
La intención es que el Municipio de Balcarce se adhiera a la Ley vetada por el gobierno de Javier Milei, y revalidada por el Congreso Nacional días pasados.
En el marco de un escenario nacional marcado por auditorías a pensiones por invalidez, cambios en los sistemas de control y una creciente tensión política en torno a las políticas de discapacidad, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Balcarce comenzó a analizar un proyecto de ordenanza que propone la adhesión del municipio a la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el gobierno nacional. Posteriormente, en un hecho político que hacía más de dos décadas no ocurría en el país, ambas Cámaras del Congreso votaron rechazando el veto presidencial, revalidando así la Ley originalmente promulgada.
El proyecto de ordenanza, presentado por el concejal Andrés Lombardini de Unión por la Patria (UxP), busca alinear al gobierno local con la ley nacional sancionada el 10 de julio de 2025, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa argumenta la necesidad de garantizar los derechos a la educación, salud, protección social y trabajo de las personas con discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La propuesta llega en un momento de alta sensibilidad en la agenda pública. El Gobierno nacional había derogado el sistema de auditorías de pensiones no contributivas (PNC) y diseñado un nuevo protocolo de revisión, con el argumento de “corregir irregularidades” en el otorgamiento de beneficios. Posteriormente, estalló un escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualmente bajo investigación judicial por presuntos casos de corrupción y esquemas de sobornos, lo que derivó en la remoción de su director ejecutivo, Diego Spagnuolo. Según se desprende de los audios atribuidos al exfuncionario, en el esquema de coimas habría participado directamente la hermana del presidente Javier Milei, Karina, quien se llevaría un porcentaje de los sobornos.
A nivel local, se estima que en Balcarce hay alrededor de 2500 personas con certificado único de discapacidad (CUD), muchas de ellas potencialmente afectadas por los cambios en las políticas nacionales y por la posible implementación de la emergencia.
El proyecto de ordenanza detalla varios ejes centrales de la ley nacional, como el financiamiento de PNC, la actualización de aranceles para prestadores de servicios, la compatibilidad de la pensión con el trabajo formal y la creación de mecanismos de diálogo con organizaciones de personas con discapacidad.
Sin embargo, la iniciativa no está exenta de controversia. Desde La Libertad Avanza, fuerza que a partir de diciembre contará con el bloque opositor mayoritario en el HCD, deslizaron que no acompañarían su aprobación, al menos con la redacción original del proyecto. Esto anticipa un debate intenso en el recinto, en sintonía con la pulseada que ya se vive a nivel nacional entre el oficialismo y la oposición.
La discusión promete extenderse en las próximas semanas, en un escenario donde lo local y lo nacional se entrelazan en una misma urgencia: definir el rumbo de las políticas públicas dirigidas a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Qué se busca con la Emergencia
La Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793) declara la emergencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objeto principal es efectivizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado Nacional para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ley es de orden público y establece que el Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas y ejecutivas para asegurar los derechos a la salud, educación, habilitación, rehabilitación, protección social y trabajo.
La norma introduce medidas concretas de protección, como el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, cuyo monto equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio. Establece mecanismos para fortalecer a los prestadores de servicios, incluyendo regímenes de regularización de deudas y una compensación de emergencia por la disparidad entre los aranceles y la inflación. Además, la pensión es compatible con el trabajo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, y se garantiza a sus titulares un programa médico de atención integral.
Finalmente, la ley modifica y unifica definiciones de discapacidad en consonancia con el modelo social de la Convención, fortalece el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y establece un sistema de auditorías periódicas justas y transparentes. Impone al Poder Ejecutivo la obligación de informar anualmente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas, y faculta al Jefe de Gabinete a realizar reasignaciones presupuestarias para asegurar el financiamiento, sin reducir los créditos destinados a “Servicios Sociales”.