Verónica Camino explicó el funcionamiento del Sistema de Protección Integral y el rol de los hogares convivenciales
La directora municipal de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia describió los mecanismos de intervención, la lógica del REUNA y los desafíos actuales en un contexto de creciente vulneración de derechos. 
Camino explicó que las instituciones conveniadas con la Dirección Provincial de Hogares —como la Sociedad de Protección a la Infancia, conocida como “Patronato”— tienen como función alojar a menores bajo medidas de abrigo y, posteriormente, bajo guardas institucionales, siempre que no sea posible revertir las condiciones que originaron su separación del entorno familiar. Subrayó que, según el marco normativo actual, el alojamiento institucional es una medida excepcional, aplicada solo cuando se agotan todas las alternativas dentro del núcleo familiar: “Lo último que uno quiere es sacar a un niño de su grupo familiar”.
En ese contexto, los Servicios Locales —como el municipal de Balcarce— intervienen ante denuncias o presentaciones por vulneración de derechos, con el objetivo de articular soluciones que permitan preservar los vínculos familiares siempre que sea posible. Para ello, se utiliza el REUNA (Registro Estadístico Unificado de Niños y Adolescentes), un sistema digital que centraliza toda la información de cada caso: historial, actuaciones realizadas y documentación generada. “Todos podemos mirar dentro de ese sistema la historicidad del caso”, precisó.
Cuando no se identifica un familiar apto para hacerse cargo, los Servicios Locales solicitan vacantes a través del REUNA, y son los Servicios Zonales quienes asignan el hogar más adecuado, priorizando la permanencia del menor en su entorno de vida. No obstante, Camino reconoció que esta labor se ha vuelto cada vez más compleja debido a la saturación de los dispositivos y al aumento de la gravedad de los casos.
Una vez iniciado el alojamiento, los Servicios Locales acompañan el proceso durante 180 días, plazo en el que se busca restablecer las condiciones familiares. De no lograrse, el Tribunal de Familia evalúa la situación y puede extender la guarda institucional o declarar la adoptabilidad. “Hay un control de legalidad permanente”, aseguró la funcionaria.
Respecto a la supervisión de los hogares, Camino aclaró que los Servicios Locales no tienen injerencia directa en su gestión interna: esa responsabilidad recae sobre los organismos provinciales que mantienen los convenios. Sin embargo, confirmó que, ante la situación actual, se mantiene una comunicación activa con las áreas competentes.
También diferenció roles dentro de las instituciones: las comisiones directivas tienen a su cargo la sostenibilidad administrativa y económica, mientras que los equipos técnicos —psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales— son quienes acompañan la vida cotidiana de los niños, articulan con la Justicia y garantizan su bienestar. “Una cooperadora no interviene dentro de un aula”, comparó, aludiendo a la autonomía funcional de los equipos especializados.
Sin referirse a casos específicos —por resguardo de la intimidad y sensibilidad del proceso—, Camino señaló que todos los organismos están coordinando acciones y que las instituciones cuentan con profesionales capacitados para intervenir.
En la última parte de la entrevista, reflexionó sobre las experiencias de los niños institucionalizados: “Hay de todo. Hay chicos que recuerdan a sus cuidadoras con muchísimo afecto y otros que lo viven de forma traumática”. Reconoció que el trabajo en los hogares es altamente complejo, y que los equipos deben gestionar no solo las vulneraciones externas, sino también conflictos internos entre los propios menores, con obligación de documentar y dar seguimiento a cada situación relevante.
Finalmente, se refirió al escenario social actual: “Hoy estamos con un nivel de atención bastante escandaloso, con números preocupantes de denuncias, conflictividades entre adultos, negligencias y consumos”. Afirmó que el problema trasciende el ámbito institucional y refleja una crisis más amplia, en la que muchas familias, dijo, “están en el fondo de las grietas”. Por eso, insistió, los equipos técnicos asumen con extrema cautela la decisión de una medida de abrigo: no por burocracia, sino por conciencia de que “nadie quiere sacar a un niño de su casa”.