Gobernadores rechazan la reforma laboral y advierten por “retroceso” en derechos
Los gobernadores de seis provincias argentinas volvieron a expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que será tratada el día de mañana, y convocaron a las fuerzas políticas a votar en contra de la iniciativa. En un documento conjunto, cuestionaron la orientación de la propuesta oficial y advirtieron que implica un retroceso en materia de derechos laborales y un impacto negativo sobre las economías regionales.
Los mandatarios provinciales que firmaron el pronunciamiento fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Bajo el lema “Trabajo, federalismo y desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, los jefes provinciales señalaron que la legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos y productivos, pero rechazaron que ello implique el “desmantelamiento de derechos conquistados”.
En el documento, los gobernadores sostuvieron que la propuesta oficial, presentada como una modernización del sistema laboral, “debilita derechos individuales y colectivos” en un contexto creciente de incertidumbre económica. Además, vincularon la reforma con la política económica del Gobierno nacional, a la que responsabilizaron por la caída de la actividad, la retracción del consumo, el cierre de empresas y el aumento del desempleo y la precarización.
Los mandatarios afirmaron que no se oponen a reformas en el ámbito laboral, pero sí al contenido del proyecto en debate. En ese sentido, indicaron que los lineamientos de una modernización laboral auténtica, establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, deben basarse en la ampliación de derechos, la formalización del empleo y el diálogo social, aspectos que, según señalaron, no están contemplados en la iniciativa oficial.
Asimismo, cuestionaron los argumentos del Gobierno respecto de que la reforma contribuiría a generar empleo. Según el pronunciamiento, experiencias previas de flexibilización laboral no lograron aumentar la creación de puestos de trabajo ni promover la formalización, sino que facilitaron los despidos y redujeron estándares de protección. También manifestaron preocupación por la posible legalización de mecanismos que habiliten reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad.
Los gobernadores también calificaron la reforma como “profundamente antifederal”, al considerar que sus efectos impactarán de manera directa sobre las economías regionales sin contemplar las particularidades productivas de cada provincia ni promover instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales.
En esa línea, plantearon que la informalidad laboral, uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino, no se resuelve mediante el recorte de derechos sino a través de políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización y estrategias económicas orientadas al fortalecimiento del mercado interno y la generación de empleo de calidad.
El documento también incluyó cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno nacional, al sostener que desde el inicio de la actual gestión se perdieron miles de empresas y cientos de miles de puestos de trabajo, con niveles bajos de utilización de la capacidad instalada y caída de la inversión.
Por último, los mandatarios reiteraron su rechazo a la reforma laboral y a la orientación económica que la sustenta, al tiempo que convocaron a las fuerzas políticas a defender el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas. En el texto, remarcaron que la Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, y expresaron su disposición a debatir alternativas en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional.
Fuente: Código Baires