El Municipio frena a Uber: controles, multas y un vacío legal que enciende la polémica

El secretario de Gobierno Ricardo Stoppani fue claro: mientras no exista una ordenanza que regule el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, cualquier vehículo que preste servicio a través de estas plataformas será considerado ilegal. La advertencia llegó tras una reunión con taxistas y remiseros locales, quienes vieron con alarma lo que consideran una competencia desleal que ya tendría conductores operando en las sombras.

El conflicto que sacude a decenas de ciudades del país llegó a Balcarce y ya tiene respuesta oficial. Frente a la creciente preocupación de taxistas y remiseros por la irrupción de aplicaciones como Uber o Didi, el Municipio salió a marcar la cancha con un mensaje contundente: hoy, quien transporte pasajeros a cambio de un precio a través de plataformas digitales, está cometiendo una infracción.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, tras mantener un encuentro con trabajadores del volante que alertaron sobre la circulación de vehículos particulares ofreciendo viajes de manera encubierta. “El sistema de aplicaciones no está reglamentado en el partido de Balcarce. Por lo tanto, si alguien las utiliza para transportar personas, está en infracción“, disparó el funcionario, dejando escaso margen para la interpretación.

En declaraciones a LU9, Stoppani explicó que, ante la detección de un auto particular trasladando pasajeros a cambio de dinero, los inspectores municipales procederán a labrar el acta correspondiente y al secuestro del rodado. “Es un transporte trucho“, definió sin rodeos, al tiempo que enumeró las falencias de este tipo de servicios no habilitados: carecen de licencia profesional, no ofrecen seguro para los pasajeros ni cumplen con las condiciones técnicas exigidas por la normativa local.

El funcionario también tuvo un mensaje para los taxistas y remiseros con licencia que pudieran verse tentados a operar por fuera del sistema. Según advirtió, aquellos habilitados que sean sorprendidos trabajando para aplicaciones podrían enfrentar sanciones severas, incluida la pérdida de su habilitación. “Recomiendo que no se metan en este juego mientras no esté reglamentado, porque es muy complicado”, señaló.

Un debate que viene de atrás

La polémica no es nueva. Stoppani recordó que hace casi dos años un grupo de vecinos impulsó un proyecto para regular las aplicaciones de transporte, pero la iniciativa nunca prosperó en el Concejo Deliberante. “No se alcanzó un acuerdo y el tema quedó sin tratamiento”, resumió.

Pese a reconocer que las plataformas digitales representan “un salto importante de comodidad para el usuario”, el secretario insistió en que cualquier avance en ese sentido deberá darse sobre la base de la igualdad de condiciones. “El servicio tradicional afronta costos y exigencias que hoy las plataformas no tienen. No podemos lesionar a las familias que viven de esto“, argumentó.

El desafío de controlar lo invisible

Uno de los puntos más complejos que enfrenta el Municipio es la fiscalización efectiva de estos servicios. Stoppani admitió que la modalidad de contratación digital dificulta los operativos. “Es difícil porque es una cuestión telefónica. Piden un coche por una aplicación y viene. Hay que encontrarlo en la vía pública y no es tarea sencilla”, reconoció.

A pesar de las trabas, la postura oficial se mantiene firme: mientras no exista una ordenanza que habilite el funcionamiento de Uber, Didi o cualquier otra plataforma, el servicio será considerado transporte no autorizado y perseguido como tal.

La tensión había escalado días atrás, cuando un grupo de remiseros y dueños de agencias se congregó frente al Palacio Municipal para denunciar la circulación de vehículos que, según indicaron, estarían operando de manera irregular. La protesta encendió las alarmas y derivó en la reunión que ahora redefine la estrategia de control.

Por lo pronto, un sector de Balcarce se planta en la vereda de la regulación estricta, en un debate que lejos está de cerrarse. Las aplicaciones avanzan, los usuarios las piden y los trabajadores tradicionales se sienten amenazados. En el medio, el Municipio intenta poner orden con las herramientas que tiene: multas, secuestros y una advertencia que resuena como un ultimátum. Hasta que el Concejo Deliberante no retome el tema, la guerra declarada al transporte informal seguirá siendo el único camino posible.