Procesaron a Iguacel por negociaciones incompatibles con la función pública
Cambiemos, Javier Iguacel, fue procesado por negociaciones incompatibles
con la función pública en una causa en la que se lo acusa de haber
favorecido a un grupo de empresas al extenderles de forma irregular la
concesión de siete corredores viales que atraviesan 11 provincias.
Vialidad, Ricardo) Stoddart y (el ex director ejecutivo del Occovi,
Pablo) Belenky, se interesó en los contratos de concesión
analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando
de manera contraria a la prevista normativamente“, sostuvo el juez Sebastián Casanello en el fallo en el que procesó, sin prisión preventiva, a los tres exfuncionarios.
Entre
las empresas supuestamente beneficiadas por las concesiones extendidas
de forma irregular se encuentra la empresa IECSA, en su momento
vinculada a la familia Macri, y otras grandes empresas vinculadas a las obra pública.
Fuentes judiciales indicaron que Iguacel fue señalado por el juez como
presunto autor del delito, mientras que Stoddart y Belenky fueron
sindicados como partícipes necesarios, en tanto que a los tres les
fueron trabados embargos sobre sus activos hasta cubrir los 10 millones
de pesos.
La causa se inició a raíz de la denuncia presentada
por Ana María Graciela Aleña el 16 de agosto de 2019, en su carácter de
Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la
República Argentina.
En esa presentación, sostuvo que, a partir
de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV) y del Ministerio de Transporte de la Nación, se habrían
ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores
Viales Nacionales de forma ilegal e irregular acción que, según su
consideración, no solo había beneficiado a las respectivas empresas
concesionarias, sino que también había perjudicado a la
Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener,
con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación.
Los hechos versan sobre las irregularidades vinculadas a la prórroga
contractual dictada en el año 2016 mediante la que se adjudicó el
corredor vial 7 al corredor vial 3; las relacionadas con las prórrogas
extraordinarias dictadas desde el año 2017 en adelante en los corredores
viales 1 al 6 y 8; y aquellas concernientes a la licitación bajo
modalidad de participación público-privada (PPP), llevada a cabo desde
el año 2018 en adelante.
Una de las hipótesis indicaba que las
extensiones irregulares de las concesiones tuvieron por objetivo evitar
la realización de nuevas licitaciones que redundarán en una demora para
aplicar las PPP, que además le habrían implicado al Estados desembolsos más cuantiosos.
El código penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión
de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el
funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por
acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un
tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de
su cargo”.