Descontento social: Milei firmó el veto total a la ley de jubilaciones que aprobó el Congreso

01/09/2024 admin_sudestada

Una encuesta revela que dos de cada tres argentinos está en desacuerdo con las medidas tomadas por Milei y que afectan directamente a jubilados y a la tercera edad.

El presidente Javier Milei vetó la ley de reforma jubilatoria que se había aprobado la semana anterior en el Congreso. Según el Gobierno, la ley constituye un golpe a las cuentas fiscales y pone el superávit y el plan económico en riesgo. El mandatario ya estampó su rúbrica en el decreto aunque recién se publicará en el Boletín Oficial entre el domingo y el lunes.

Milei firmó el documento al filo de los 10 días reglamentarios para vetar la ley, luego de haberse reunido este viernes en la Casa Rosada con los bloques de diputados dialoguistas, quienes le dieron su respaldo.

Del encuentro con legisladores del PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA) participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por pedido del propio mandatario.

Durante la reunión, el Presidente se entrevistó primero con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA), para después pasar a una cita “ampliada” con el resto de los legisladores que integran esas bancas.

Milei detalló ante los legisladores los motivos del veto y buscó garantizarse los dos tercios necesarios para evitar que la oposición parlamentaria pueda restablecer la ley.

De esta manera, el mandatario logró sumar los respaldos necesarios de la oposición dialoguista para contrarrestar las intenciones de algunos bloques parlamentarios de mantener firme la actualización jubilatoria después del anuncio de la impugnación.

Descontento social: un análisis del malestar en Argentina

La paciencia de los argentinos parece estar agotándose. Una reciente encuesta revela que una abrumadora mayoría, alrededor de dos de cada tres ciudadanos, rechaza el veto a la nueva fórmula previsional, abogando por priorizar los intereses de los jubilados sobre el objetivo de déficit fiscal cero. Esta percepción refleja una tendencia generalizada en los hogares argentinos, donde casi el 90% de la población enfrenta dificultades económicas significativas, lo que lleva a muchos a reducir drásticamente sus gastos en alimentos, servicios y transporte.

Desafíos Económicos y Ajustes en el Hogar

El 40% de los encuestados limita su compra a solo los medicamentos esenciales, mientras que el 50% ha disminuido el consumo de carne o ha dejado de consumirla. Además, más de la mitad de los ciudadanos ha restringido el uso de servicios básicos como luz y gas, y muchos han optado por eliminar o reducir el servicio de televisión por cable, cambiando a planes más económicos o limitando el uso del transporte público y privado. Estas medidas reflejan un ajuste generalizado en el gasto diario, resultado de las crecientes dificultades económicas que enfrentan los hogares argentinos.

Malestar Generalizado

El estudio del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dirigido por Roberto Bacman, muestra que el 44% de los argentinos ya no soporta más el ajuste económico, mientras que otro 20% estima que podría resistir solo entre uno y seis meses más antes de alcanzar su límite. Este descontento no solo afecta a los opositores al gobierno, sino que también se extiende a los independientes y a una parte de los seguidores del actual gobierno, indicando un creciente malestar que se intensifica semana a semana.

Impacto en los jubilados y desafío político para el Gobierno

Uno de los aspectos más sensibles de la situación es el impacto en los jubilados. La frase “con los jubilados no” resuena con fuerza en la opinión pública, recordando un episodio similar durante la presidencia de Mauricio Macri en diciembre de 2017, cuando una reducción en las jubilaciones provocó un fuerte rechazo social y contribuyó al declive del gobierno en ese momento.

Bacman subrayó que el veto a la ley que pretendía mejorar los modestos haberes jubilatorios podría tener un alto costo político para Javier Milei. La oposición a esta medida no solo proviene de sectores tradicionales de la oposición, sino también de ciudadanos independientes y de algunos seguidores del gobierno que se sienten decepcionados. Además, el uso de la fuerza para reprimir las protestas de jubilados, con la utilización de gases irritantes, ha causado un gran estupor y ha intensificado el rechazo a las políticas actuales.

El efecto del ajuste en la Salud

El ajuste económico que afecta a Argentina no se limita únicamente a las jubilaciones y pensiones, sino que también impacta de manera significativa en el acceso a los medicamentos. Un reciente estudio revela que la crisis económica está llevando a muchas familias a tomar decisiones difíciles en cuanto a su salud.

Según la encuesta, el 33,6% de los argentinos solo puede permitirse comprar los medicamentos más importantes e imprescindibles. Esto indica una restricción severa en el acceso a tratamientos médicos no esenciales, reflejando una realidad en la que muchas personas deben priorizar los gastos debido a la presión económica.

Además, un 4% de los encuestados afirma que simplemente no puede comprar más medicamentos. Este dato subraya la gravedad de la situación y la difícil elección entre cubrir necesidades básicas y garantizar el bienestar médico, un dilema que afecta profundamente a la calidad de vida de las personas.

Impacto en la salud familiar

La decisión de reducir el gasto en medicamentos es particularmente compleja, ya que la salud es una prioridad en todas las familias. La necesidad de ajustar los presupuestos personales para poder afrontar el aumento de los costos y las restricciones económicas lleva a muchas personas a limitarse a los medicamentos más esenciales, dejando en riesgo el tratamiento de condiciones crónicas o menos urgentes.

Este fenómeno no solo refleja la presión financiera que enfrentan los argentinos, sino también las implicaciones más amplias de las políticas de ajuste. La dificultad para acceder a medicamentos esenciales plantea preocupaciones sobre el impacto en la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos, subrayando la necesidad de encontrar soluciones que equilibren la estabilidad económica con la protección de los derechos fundamentales de las personas.