“En La Brava hay al menos 9 hectáreas de tierras públicas usurpadas”

Esta asociación busca cuidar todo lo relacionado con los paisajes protegidos del lugar, que no solo es la laguna sino además todo el entorno de tierras alrededor de ella.

Según explicó Villarreal, el denominado “espacio público” es actualmente el único acceso gratuito, con una extensión de menos de una hectárea. Así fue dictaminado mediante una sentencia judicial en el año 2005, y ratificado en 2006 por la Corte Suprema de Apelaciones bonaerense y en 2008 por la Corte Suprema de Justicia. Tal como indica la resolución, allí hay un espejo de agua (la laguna) en la parcela denominada “333 E”, de dominio público provincial, con una extensión de 460 hectáreas.

A pesar de ello, en el lugar público “se registraron situaciones por parte de personas que cercaron, cerraron y prohibieron el paso”, expresaron desde la asociación. Además de la protección del medio ambiente, la institución indicó que están involucrados y siguen trabajando para que esos espacios públicos sean reconocidos como tales. Al respecto, la Autoridad del Agua realizó una inspección hace pocos días a raíz de la denuncia realizada por esta asociación.

Terrenos usurpados

Villarreal indicó que si bien hay una institución que tiene un permiso de la Municipalidad de Balcarce, existe otro sector de aproximadamente nueve hectáreas con tierras que están usurpadas, y agregó que “no hay habilitación de ningún tipo”.

Para intentar regularizar esta situación, desde la asociación siguen reclamando tanto a la Provincia como al Municipio, que se tomen cartas en el asunto y generen la situación para que, “si es territorio de dominio público provincial, los habitantes de la provincia puedan acceder en forma gratuita o bien con un canon mínimo”, como ocurre en cualquier paisaje protegido o reserva natural.

El presidente de la institución expresó que más allá de estar de acuerdo con la gente que pide un acceso libre, gratuito e irrestricto, “se necesita un control para la preservación del medio ambiente“. Al respecto mencionaron que quince días atrás en una jornada de limpieza del pequeño espacio público se recolectaron 400 kilos de basura. “Si bien el acceso debe ser para todos, máxime en un lugar que pertenece a la provincia, debe haber un control de alguna especie”, dijo Villarreal.

En la Villa residen actualmente más de 40 familias.

En tanto la zona denominada “cola de la laguna”, sobre el sector sudeste del espejo de agua, es constantemente observado ya que “un fuego mal pagado por un asado, por ejemplo, provocaría un incendio donde se encuentran los nidales y debería estar preservado, además de la posibilidad de que se incendie la sierra contigua”, indicaron agregando que “si el sector público va a estar alambrado podría tener un guardaparque para que se pueda garantzar la preservación del lugar”.

Consultado acerca de reclamos que se hubieran realizado al Municipio de Balcarce con el objeto de poder controlar el buen uso de los espacios públicos, Villarreal aseguró que les contestan que es tierra provincial y que “se tiene que hacer cargo la provincia de este control“.

“Hay una ley que habilitaría al municipio a cuidar provisoriamente el lugar, hasta tanto y en cuanto se termine de trabajar en el Plan de Manejo Ambiental”, explicó el presidente de la asociación civil, añadiendo que una vez que ese Plan esté en marcha será el que marcará en adelante cómo se debe trabajar en el lugar.

Por otro lado, desde la asociación adelantaron que esta semana estarán llegando funcionarios de Tierras de la Provincia a realizar una inspección, y esperan que a la brevedad el Municipio se sume a las labores de cuidados de La Brava.

El único espacio gratuito tiene una extensión de menos de una hectárea.

Deforestación y medio ambiente

Otro de los temas que genera gran preocupación es la importante tala de árboles y desmontes que se vienen registrando en la Villa, los que según explicaron están “autorizados precariamente por el Municipio, aunque sin control“. La institución entre sus constantes reclamos continúa pidiendo que, dada la distancia y lo engorroso de hacer inspecciones a 30 kilómetros de la ciudad, los miembros de la asociación civil sean tenidos en cuenta como nexo para esos controles.