Los sojeros ya le tomaron el tiempo al gobierno
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| Por Sebastián Premici* |
La brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones paralelas continúa por arriba del 80%. Cuando se implementó el primer dólar soja, las cerealeras y los grandes productores utilizaron el argumento de esa diferencia para retener su producción y así forzar su propia devaluación. En esta segunda instancia pasó algo similar. Los días previos al anuncio del nuevo dólar soja, ocurrió la primera corrida cambiaria de la era Massa.
“En esta edición del dólar soja, el impacto en la brecha con el MEP será mucho mayor que en la primera vuelta”, sostiene el economista Sergio Chouza. Tanto en la Comisión Nacional de Valores como en el Banco Central saben que existirá esta presión sobre el MEP y el CCL, a pesar de que persiste la prohibición para que las empresas accedan con sus CUITs a este tipo de esquemas financieros. En cambio, las personas humanas beneficiarias del dólar soja no tienen restricciones para dolarizarse. “Saben cómo manejarse con más de un CUIT”, explica un operador de mercado.
La enorme transferencia de recursos extra que recibirán los sojeros, de casi 200.000 millones de pesos, se canalizará en buena parte a la dolarización, por ende seguirá la presión sobre la brecha. El presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, ratificó esta semana, durante las Jornadas Monetarias y Cambiarias, que la Argentina no se bancaría un shock devaluatorio. Pero la suba de las cotizaciones paralelas –motivada en parte por los propios incentivos del Poder Ejecutivo– es una invitación para que el establishment siga con sus planteos devaluatorios. En marzo, cuando comiencen las ventas de la nueva soja, ¿quién fijará el valor de la moneda? No hace falta responder.
Los de siempre
El pasado 30 de noviembre, uno de los principales contratos celebrados con el nuevo dólar Navidad para los sojeros fue por 60.000 toneladas, lo que en principio constituye un indicio del porte de la empresa que realizó dicha transacción. Esa soja provino de General Cabrera, en la provincia de Córdoba, donde Aceitera General Deheza (AGD) tiene su planta de acopio. La última declaración jurada de ventas al exterior de la empresa de Roberto Urquía y Miguel Acevedo había sido el 30 de septiembre, un día antes de que finalizara el llamado dólar soja.
Dos meses después, el 30 de noviembre, AGD volvió a completar dos declaraciones juradas de exportación para los subproductos de soja por 150.000 toneladas. Bunge actuó de la misma manera, con la misma cantidad de toneladas, mientras que Dreyfus se anotó con 100.000 toneladas.
En los primeros cinco días de vigencia del dólar Navidad se comercializaron cerca de 1.189.516 toneladas de soja, un 62% menos que las transacciones concretadas durante la primera vuelta del beneficio. Del total movido entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, el 58% correspondió a contratos por encima de las 1.000 toneladas cada uno.
El dólar Navidad beneficia a las empresas concentradas que tenían stockeado el producto con el que presionaron para obtener la devaluación quirúrgica y una enorme transferencia de rentabilidad. Maniobras de guante blanco a la vista de todos y todas.
Limbo
Menos visible es la suerte que corrió el fideicomiso público del trigo para subsidiar la harina a panaderías. Hasta ahora, este instrumento se financiaba con la suba de dos puntos de retenciones a los subproductos de soja. Pero el nuevo esquema exportador volvió a bajarle las retenciones a la industria. Por ende, el fideicomiso, que tenía fecha de vencimiento para el próximo 31 de diciembre, quedó en el limbo.
“Evidentemente se tomó la decisión política de bajarle la persiana al fideicomiso. Se ve que es más relevante en este momento juntar reservas que bancar el precio del pan”, sostuvo un ex funcionario de Agricultura que acompañó la gestión de Julián Domínguez. Desde el Centro de Panaderos de Avellaneda aseguraron que este instrumento estuvo caduco desde el inicio mismo de la guerra contra la inflación.
Hace dos meses, el gobierno publicó que la bolsa de harina de 25 kilos para panaderías costaba 1.400 pesos con el subsidio. “La bolsa de harina ya está en los 3.100 pesos. La gran pregunta es por qué el gobierno no toma ninguna medida, incluso sabiendo que la sequía afectará al consumo interno. El trigo está en manos de los exportadores”, explica Gastón Mora, del Centro de Panaderos de Avellaneda. En este escenario, la incertidumbre sobre dicho instrumento no hace más que acrecentar la especulación de los actores concentrados de la molinería.
“Por ejemplo, llamamos para realizar un pedido tradicional de 1.200 bolsas de harina y nos dijeron que solo nos podían mandar 400 bolsas, y de acuerdo a cómo evolucione todo, la posibilidad de completarnos el pedido. Pareciera ser que conseguir un kilo de pan será una utopía”, agrega Mora.
Al jueves de esta semana, ni la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, ni Agricultura, con Juan José Bahillo a la cabeza, tenían idea de lo que pasaría con este instrumento. “El resultado del fideicomiso no es producto de los panaderos sino de quienes te manejan y suben el precio. Todos los productos derivados del trigo poseen un denominador común: Molinos Río de la Plata, la empresa del Grupo Pérez Companc. Ellos te manejan el precio de la harina para los farináceos. Ahí radica el gran problema. La inflación la siguen manipulando entre tres o cuatro actores”, afirmó Matías Strasonier, del Centro de Estudios Agrarios (CEA).
El pan, un privilegio. Un privilegio diferente al de las economías regionales que durante el primer trimestre de 2023 tendrán una baja de retenciones y un nuevo tipo de cambio diferencial, según la promesa de Massa. Este nuevo beneficio se financiará con lo que se recaude a través del nuevo dólar soja.